BCO Noticias.- Redacción.

Con información de ElPais

Cuando José Gutiérrez y Janet Miranda fundaron el colectivo Sembrando Comunidad por las víctimas de homicidios en Guanajuato, apenas eran cuatro familias.

De esto hace cinco meses. Ahora, en esta entidad hasta hace poco segura y próspera de México, su asociación atiende a más de 150 y la mayoría son familiares de desaparecidos. Gutiérrez y Miranda se han convertido en poco tiempo en el único apoyo externo de las víctimas de una violencia extrema que ha dejado más de 400 muertos solo en enero.

Y este martes decidieron abandonar durante unos días su Estado porque también su vida está en riesgo.

Una llamada de teléfono suspendía el trabajo de una organización que apenas acaba de nacer:

«Si salen a buscar personas desaparecidas se los carga la chingada a ustedes y a su familia».

Gutiérrez colgó el teléfono. Venían de una manifestación de unas 50 familias en León, la ciudad conservadora y más grande del corredor industrial donde las protestas son escasas. Y se dirigían hacia sus casas en Irapuato y Salamanca. 

Cuando estaban entrando en Irapuato, ya de noche, Gutiérrez recibió la llamada mientras tenía el teléfono en manos libres. Se dio cuenta de que una camioneta los estaba siguiendo. Llamó al Gobierno del Estado y pidió protección. Unas patrullas de policía local los escoltaron hacia la fiscalía para poner la demanda.

«Llegó un agente ministerial enfadado porque tenía que cuidarnos y acabamos regresando solos a nuestras casas», cuenta ahora Gutiérrez desde el otro lado del teléfono.

Muchos de los casos que tienen en su organización son de familias cuyos parientes fueron asesinados o secuestrados dentro de sus domicilios. Por eso sabían que ni siquiera ahí estarían seguros. Fue entonces cuando decidieron abandonar Guanajuato durante un tiempo. «En lo que se enfría el asunto.

Pero tenemos que regresar, allá nos necesitan», añade Gutiérrez. Y, aunque no tiene ninguna prueba de dónde pudo llegar la amenaza de muerte, es consciente de que el nacimiento de su asociación ha sido especialmente molesto para la fiscalía, hasta hace poco sin un supervisor civil que revisara su trabajo. «Sabemos que están muy presionados. No sabemos quién fue. Pero tenemos nuestras sospechas que pudo tener algo que ver con ellos», denuncia.

Foto: Teresa De Miguel

Hace una semana, en una entrevista a este diario, reconocía que esto podía pasar en cualquier momento. «No tengo miedo», señalaba. Pero matizaba que el miedo ya está instalado en los vecinos de este corredor industrial de Guanajuato —Salamanca, Irapuato, Celaya— desde que el año pasado batiera el récord de homicidios y se convirtiera en la entidad más sangrienta del país. «Puedes morir como activista, casi con la misma probabilidad que a una madre le pueden arrebatar a su esposo mientras duerme y que aparezca descuartizado en una fosa», señalaba acerca de uno de los casos que ellos asesoraban, el de Juan Carlos Medina, de Irapuato.