BCO NOTICIAS .- Por Armando Galicia

Al declarar la sesión de la comisión anti corrupción, los diputados informaron que iniciaran oficialmente los análisis jurídicos para definir la sanción que le aplicaran al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el Secretario de Gobierno, Manuel González.

A fin de cumplir con la sentencia emitida por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le envió al Congreso local para individualizar la sanción que corresponde, el presidente de dicha comisión Arturo de la Garza Garza, dijo que empezaran a revisar los aspectos legales y la definición del proceso que retomaran la próxima semana en la reanudación de la Comisión Anticorrupción.

En entrevista, detallo que la sanción hacia el titular del ejecutivo y el secretario de gobierno es por la utilización de funcionarios públicos para recabar firmas en la contienda electoral, lo cual fue denunciado ante las instancias electorales.

“El día de hoy tenemos una responsabilidad que cumplir apegados a las máximas del derecho. Seguramente este caso pasará a la historia por lo que debemos asumir nuestra responsabilidad con seriedad, porque el pueblo de Nuevo León merece una justa resolución por parte de este Congreso”, comentó. 

El diputado Arturo B. De la Garza mencionó que el procedimiento al que se dio inicio es inédito y que la ruta que establezca el Congreso sentará un precedente.

A petición de la diputada Itzel Castillo del PAN y del resto de los integrantes de la Comisión Anticorrupción, informo que se declaró en permanente la Comisión para el análisis de las reglas procesales. 

“Como Congreso, somos responsables de la consecución de la justicia”, señaló Arturo B. de la Garza, “además es nuestro deber que la sociedad pueda ver a los servidores públicos responsables de cometer una infracción sancionados respetando en todo momento los derechos humanos de los involucrados.

“Por otro lado, reconocemos las diversas posturas que existen para cumplimentar la sentencia. Estas múltiples interpretaciones se deben a la falta de claridad de mecanismos jurídicos que permitan sancionar la responsabilidad electoral de manera directa por parte de jueces y no de Congresos”, agregó.