Con el respaldo de los principales organismos empresariales del estado, el Diputado José Luis Garza Garza, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó una Iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Nuevo León, con el objetivo de garantizar certeza jurídica, orden y equidad en la relación entre los ciudadanos y las autoridades estatales y municipales.

“Hoy, en Nuevo León, cada dependencia, municipio y oficina pública opera con sus propias reglas. No hay principios ni plazos comunes, y eso genera caos, discrecionalidad y desconfianza. Esta Ley busca cambiar eso de raíz”, afirmó el diputado.

La iniciativa fue acompañada por líderes de cámaras empresariales como CAINTRA, CANACO, COPARMEX, CMIC, CANACOPE y CANIRAC, quienes manifestaron su apoyo a esta propuesta que busca unificar criterios y procesos administrativos hoy dispersos en distintos ordenamientos legales.

«Una ley que pueda generar justamente esa certidumbre que hoy nuestra economía y el Estado de Nuevo León necesitan urgentemente. La inversión está clamando por certidumbre, está clamando también por reglas claras y sobre todo por un procedimiento unificado que sea más fácil, más entendible para el ciudadano común,” expresó Vidal Garza Cantú, vicepresidente de COPARMEX Nuevo León.

Actualmente, Nuevo León es una de las pocas entidades del país que carecen de una legislación estatal que regule de forma integral los procedimientos administrativos, a diferencia de 27 estados que ya han adoptado marcos normativos similares, como Jalisco, Querétaro, Coahuila o Ciudad de México.

“Es ante todo un acto de responsabilidad cívica y legislativa. Esta primera Ley de Procedimientos Administrativos del Estado busca corregir ese desequilibrio y asegurar que todo acto administrativo respete los principios constitucionales,” afirmó Hugo César Sánchez, director de la CMIC Delegación Nuevo León.

“Empresarios, juristas, ciudadanos y servidores públicos coincidimos en que ya no basta con señalar el problema, es momento de asumir la responsabilidad de proponer y construir soluciones”, agregó.

Entre los principales beneficios que propone esta iniciativa de Ley se encuentran:

• Clausuras justificadas y reguladas:
  No se podrá clausurar un negocio sin orden escrita ni visita documentada. La autoridad deberá otorgar 10 días hábiles para subsanar irregularidades, salvo en casos de riesgo grave debidamente justificados.
• Protección al trámite ciudadano
  Si el trámite está incompleto, la autoridad deberá prevenir al ciudadano una sola vez para corregirlo. Si no lo hace dentro de 10 días hábiles, no podrá desecharlo por omisión.
• Digitalización obligatoria
  Las dependencias estarán obligadas a contar con plataformas electrónicas y correos oficiales. Todo trámite digital deberá generar acuse legal, y las notificaciones podrán realizarse por medios electrónicos.
• Deberes claros para servidores públicos:
  Las y los funcionarios deberán recibir todos los trámites, evitar la duplicación de requisitos, respetar los plazos establecidos y tratar con dignidad a los ciudadanos. La negativa injustificada podrá ser sancionada.

Defensa ante abusos administrativos:
El ciudadano podrá denunciar actos arbitrarios, negligencias o demoras ante la Contraloría estatal o municipal, que estará obligada a canalizar y dar seguimiento a la queja.

“Esta Ley no solo protege al ciudadano. También da certeza a la autoridad, le dice cómo debe actuar, qué plazos respetar y qué límites no puede cruzar. Es una herramienta para ordenar la administración pública. Y eso es gobernar con responsabilidad”, concluyó José Luis Garza Garza.

En la presentación de la propuesta estuvieron presentes: Lic. Juan Pablo García Garza, Director General de CAINTRA Nuevo León; Ing. Héctor Villarreal Muraira, Director General de CANACO Monterrey; Dr. Vidal Garza Cantú, Vicepresidente de COPARMEX Nuevo León; Lic. Hugo César Sánchez García, Director de CMIC Nuevo León; Lic. Catalina Domínguez Estrada, Presidenta de CANACOPE Nuevo León; y Diputadas y diputados integrantes de la Bancada Naranja.