BCO Noticias .- Por Armando Galicia

Debido a que los diputados locales no acataron la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar al Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón y al Secretario de Gobierno, Manuel González Flores, lideres de Movimiento Ciudadano presentaron una queja por la inejecución de la sentencia.

El documento fue entregado por el Senador de Nuevo León, Samuel García y el líder de Movimiento Ciudadano en la entidad, Agustín Basave Alanís, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional del TRIFE.

En la queja se denuncia que los diputados locales cayeron en desacato a una orden directa de dicho Tribunal, argumentando que estaban impedidos por la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es totalmente falso, según explicó Samuel Garcia.

“Pasó todo el periodo y no solamente los diputados incumplieron la orden del Tribunal, sino que contradijeron al Tribunal Electoral y les explicó porqué: ante la Suprema Corte, el Bronco pidió al ministro Juan Luis que se paralizara todo el procedimiento, pidió suspensión de todos los efectos y consecuencias, evitando se sometiera a sanción; la corte le vota en contra y le niega la medida cautelar pretendido, porqué, porque se tiene que cumplir un fallo judicial dice de forma textual “toda vez que causaría un perjuicio mayor a la sociedad que el beneficio que con ello pudiera tener el solicitante al ser un cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales”, explicó Samuel García.

En este sentido, García Sepúlveda, comentó que la Comisión Anticorrupción, contrario a lo que ordenó la Suprema Corte, decidió llevarle la contra al Tribunal Electoral y diferir la resolución del expediente.

“El Congreso, el martes, votó en el pleno un documento que viola completamente lo que dijo el Tribunal Electoral, que por segunda vez ya les había dicho a los diputados que estaban cayendo en contumacia y rebeldía”.

En la queja, explicó que también se pide a los magistrados del Tribunal Electoral que sean muy claros en las medidas de apremio a las que se podrían hacer acreedores los diputados sino reparan el desacato cometido.